Hace unos días, durante una visita a México para recibir el Premio Internacional de Alfabetización UNESCO Rey Sejong 2026, otorgado a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, coincidieron dos noticias que invitaban a una misma reflexión. Por un lado, celebrábamos el reconocimiento internacional a una política pública que ha hecho de la lectura, la escritura y la oralidad herramientas de inclusión. Por otro, volvíamos a conversar sobre los resultados de las pruebas PISA y los desafíos que enfrenta la educación en Colombia. Las dificultades en comprensión de lectura no se explican por una sola causa, pero invitan a preguntarnos por las condiciones que hacen posible aprender: la atención, la curiosidad, la capacidad de escuchar, de comprender y de elaborar ideas propias. En un mundo atravesado por el vértigo digital y las pantallas, ¿qué lugar les estamos dando a esas capacidades? ¿Qué ocurre cuando la atención se fragmenta y cada vez parece más difícil detenerse en un libro, memorizar un poema, aprender una coreografía, dibujar a mano, bailar o descubrir lo que podemos expresar con el cuerpo? La educación y la cultura tienen mucho que aportar a esta conversación.

Te puede interesar conocer:Bogotá fortalece 62 escenarios de artes escénicas con más de $ 109.000 millones de la Ley de Espectáculos Públicos

Invertir en cultura es invertir en el espíritu de una sociedad. Es, en cierto sentido, financiar su presupuesto espiritual: aquello que nos permite construir sentidos compartidos, reconocernos en los demás, tramitar nuestras diferencias e imaginar futuros comunes. Es fortalecer ese tejido sensible que nos permite narrarnos a nosotros mismos y expresar incluso aquello que no siempre encuentra lugar en los lenguajes de la política, tantas veces condicionados por la confrontación y los intereses particulares.

Las carreteras conectan territorios y los puentes permiten atravesar distancias. La cultura también construye conexiones: crea vínculos entre las personas, hace visibles experiencias que permanecían al margen y abre espacios para escuchar al otro sin exigirle que piense igual. Es una infraestructura humana que contribuye a construir convivencia, identidad y una imagen compartida de ciudad: ese lugar que nos pertenece a todos, incluso cuando tenemos distintas maneras de habitarlo y comprenderlo.

Los Festivales al Parque son una expresión de esa apuesta. Durante décadas han convertido los espacios públicos de Bogotá en lugares de encuentro entre generaciones, estéticas y formas de entender el mundo. Allí, la multitud puede convertirse en comunidad y la convivencia deja de ser una consigna para volverse práctica: estar juntos, distintos, sin tener que borrarnos. Su existencia también nos recuerda que la cultura financiada con recursos públicos es una construcción colectiva, que se enriquece con la ciudadanía, con sus apropiaciones, sus preguntas y sus desacuerdos, y que puede convertirse en un patrimonio compartido más allá de las coyunturas políticas.

Esta discusión tiene hoy una dimensión global. En julio de 2026, la Unesco puso en marcha un diálogo internacional para buscar mecanismos de financiación cultural más sostenibles y diversificados. El desafío es amplio: los presupuestos públicos, la cooperación internacional y el gasto de los hogares afrontan restricciones, mientras la cultura sigue buscando un lugar más sólido en las agendas de inversión y desarrollo. Encontrar respuestas exige reconocer que la sostenibilidad de la vida cultural es una responsabilidad compartida y que necesita instrumentos capaces de adaptarse a contextos económicos y sociales cambiantes.  

En sociedades como la nuestra, las prioridades de inversión pública deben responder a múltiples necesidades, desde la atención de emergencias hasta la garantía de derechos y la provisión de servicios esenciales. En ese escenario, la financiación de la cultura requiere argumentos sólidos, capacidad de gestión y acuerdos que permitan sostener sus procesos en el tiempo. También necesitamos marcos jurídicos y presupuestarios que den estabilidad a las iniciativas de largo aliento, sin impedir que cada administración revise sus prioridades, evalúe resultados y proponga nuevos caminos. Es posible, además, crear incentivos para que empresas, fundaciones, organizaciones y otros actores se comprometan con la cultura. La financiación pública y la participación privada pueden complementarse bajo reglas claras que protejan el interés general y la autonomía de la creación.

La pregunta es inevitable: ¿el Estado financia la cultura porque la considera deseable cuando hay recursos disponibles, o porque tiene la responsabilidad de garantizar derechos y condiciones para que las personas accedan, participen y contribuyan a la vida cultural de una ciudad o un país? En Colombia, esa responsabilidad tiene fundamento constitucional. Esto no significa que cualquier proyecto deba recibir financiación ni que el gasto cultural esté exento de evaluación. Significa que las decisiones presupuestarias deben ser compatibles con los compromisos de igualdad, pluralismo y libertad artística que hemos asumido como sociedad.

También puedes conocer: Bogotá y São Paulo fortalecen sus lazos culturales para realizar intercambio artístico en 2027

El Banco Interamericano de Desarrollo ha estudiado los instrumentos de financiación y fomento cultural en quince países de América Latina y el Caribe, desde los subsidios hasta los incentivos y mecanismos de apoyo a las industrias creativas. Esa discusión obliga a distinguir entre financiar la vida cultural en toda su diversidad y promover actividades con potencial de crecimiento económico. Ambas dimensiones importan, pero no son intercambiables. El riesgo está tanto en suponer que el valor simbólico exime de rendir cuentas como en exigir que cada proyecto demuestre una rentabilidad inmediata para justificar su existencia.

La cultura tampoco puede reducirse a los grandes eventos que ocupan las noticias, las redes sociales y los escenarios. Detrás de cada festival hay procesos de formación, investigación, creación y organización comunitaria que requieren tiempo, confianza y continuidad. Una política cultural no puede depender exclusivamente de los calendarios electorales ni de los resultados que puedan exhibirse de inmediato. Necesitamos fuentes de financiación más estables y mecanismos que permitan sostener procesos de largo aliento, sin impedir que cada gobierno revise sus prioridades y evalúe resultados.

También debemos preguntarnos quién recibe los recursos y quién queda por fuera. No basta con distribuirlos de manera uniforme: hacen falta criterios transparentes que reconozcan las diferentes necesidades, capacidades y formas de producción cultural. Una política pública debe atender tanto a las instituciones consolidadas como a los creadores independientes, las organizaciones comunitarias y las expresiones que difícilmente encuentran respaldo en el mercado.

En el lanzamiento del libro La otra mano invisible, durante la Semana de la Cultura Ciudadana, Karla Hoff compartió una idea que merece nuestra atención: la cultura no es solamente aquello que una sociedad crea, expresa o conserva; también influye en cómo funciona. Las creencias, las expectativas y las normas sociales moldean nuestros comportamientos. Por eso, la cultura puede dialogar con sectores como la educación, la salud y la seguridad, y contribuir a sus objetivos mediante estrategias compartidas. Las experiencias artísticas pueden abrir oportunidades de aprendizaje, fortalecer vínculos comunitarios y generar otras formas de relacionarnos con los demás y con el espacio público. Este potencial no sustituye las responsabilidades de cada sector, pero sí ofrece razones para construir políticas conjuntas y comprender la inversión cultural desde una perspectiva más amplia.

La discusión sobre la financiación, entonces, no puede limitarse a cuánto dinero se asigna. También debemos preguntarnos cómo garantizar la autonomía de quienes crean, cómo fortalecer las instituciones y cómo conseguir que la cultura tenga mayor incidencia en las decisiones económicas y políticas. Es hora de pasar de la resistencia a la incidencia: de defender los recursos cuando están amenazados a participar activamente en los escenarios donde se definen las prioridades de inversión y se construyen las políticas que harán posible el futuro de la cultura.

La cultura tiene un valor que no siempre se expresa en cifras, empleos o ingresos, aunque también contribuya a la economía y al desarrollo. Su importancia está en aquello que hace posible: que una sociedad se reconozca en su diversidad, que las diferencias encuentren formas de expresión distintas del silenciamiento y la violencia, que podamos discutir sin dejar de escucharnos. En tiempos en que la confrontación política convierte con facilidad al contradictor en enemigo, necesitamos espacios para imaginar, crear y dialogar.

No te vayas sin conocer: La Carrera Décima, el epicentro comercial de Bogotá, renace entre arte, reciclaje y corresponsabilidad

Financiar la cultura es apostar por esa posibilidad. No para eliminar los desacuerdos ni para imponer una idea única de sociedad, sino para garantizar que existan múltiples maneras de contarla, cuestionarla y transformarla. Porque una sociedad democrática no se construye cuando todos piensan igual, sino cuando las diferencias pueden convivir sin que ninguna voz tenga que desaparecer para que otra sea escuchada.