Alcaldía Peñalosa pide renuncia protocolaria a los alcaldes locales

- La decisión busca mejorar y blindar todos los procesos de contratación de las administraciones locales.

- La Alcaldía Peñalosa no ha encontrado evidencias de corrupción en las alcaldías, que ameriten la apertura de investigaciones.

- El plazo máximo que tendrá el Distrito para tomar la decisión sobre quiénes deberán dejar su cargo será de un mes.

Bogotá, abril 27 de 2017. Este miércoles, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, le pidió la renuncia protocolaria a los alcaldes locales de Bogotá.

La decisión busca mejorar los procesos de gestión y contratación en las Alcaldías Locales, como la finalización de convenios de asociación.

Uribe reiteró que no se ha ahorrado esfuerzos para evitar casos de corrupción en las administraciones locales y que el Distrito no tiene conocimiento de situaciones que deban ser investigadas por los organismos de control.

"No hemos encontrado hechos de  corrupción. De haberlos encontrado, se habrían puesto en conocimiento de la Fiscalía", afirmó el Secretario de Gobierno de Bogotá.

Con el uso de la plataforma Colombia Compra Eficiente se ha logrado la publicación de los procesos de contratación y se ha obligado a incluir los pliegos para las licitaciones adelantadas por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

De esta manera, se viene garantizando la pluralidad de oferentes en estos procesos.



El plazo máximo que tendrá el Distrito para tomar la decisión sobre qué alcaldes locales deberán dejar su cargo será de un mes. Hasta tanto, los mandatarios continuarán ejerciendo sus funciones como hasta ahora.

La Administración del alcalde Peñalosa seguirá fortaleciendo las medidas para blindar la contratación en las Alcaldías Locales y prevenir hechos de corrupción.

Desde el 2016, el Distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, adelanta un seguimiento riguroso a la contratación local con el objetivo de reducir cualquier tipo de riesgo de corrupción.

Es importante anotar que, de acuerdo con el decreto 101 de 2010, los alcaldes locales son autónomos en la ordenación del gasto y responden individualmente por las faltas disciplinarias en las que puedan incurrir.



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