- La denuncia del presunto desalojo llegó a la entidad a través de las redes sociales.
- El equipo de la Dirección de Gestión Policiva se dirigió hasta el barrio La Alameda, en la Calle 15 con carrera 10, en la localidad de Santa Fe para impedir que las familias se quedarán sin techo durante la cuarentena por la vida.
- Durante la jornada también se adelantó operativo de inspección, vigilancia y control en la plaza de Paloquemao para impedir abuso en precios del mercado.
Como medida de protección a las familias en condición de vulnerabilidad, durante la cuarentena por la vida, la Secretaría de Gobierno atiende todas las denuncias de supuestos desalojos que llegan a través de los canales de información con los que cuenta la entidad. Ya son 68 operativos en los que la entidad ha impedido que las familias sean retiradas de sus viviendas.
A través de las redes sociales llegó la denuncia de un presunto desalojo en la localidad de Santa Fe donde 25 personas serían desalojadas de un pagadiario. El equipo de la Dirección de Gestión Policiva atendió la denuncia, evitando el desalojo, se propició mediación y se llegó a una conciliación entre las partes, teniendo en cuenta las medidas a establecidas por en el Decreto 093 de 2020.
El equipo de la Dirección para la Gestión Policiva se dirigió hasta el barrio La Alameda, en la Calle 15 con carrera 10, en la localidad de Santa Fe para impedir que las familias se quedaran sin techo durante la cuarentena por la vida y además evitar que se ponga en riesgo la salud de ellas y de la ciudadanía en general.
https://twitter.com/anak14/status/1252976052336562178?s=08
Además se señala que de no lograrse un acuerdo, se procederá a utilizar una orden de policía que busca prohibir el desalojo e informar sobre las implicaciones del desacato de la medida, si finalmente no se cumple con dicha orden se impondrán las medidas correctivas que señala una multa general tipo 4, que consiste en el pago de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la participación de los infractores en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de acuerdo con el artículo 35 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Del mismo modo, los infractores podrían ir a prisión de cuatro (4) a ocho (8) años conforme a lo establecido en el artículo 368 del Código Penal debido a la violación de medida sanitaria adoptada por la autoridad competente.
Las 68 denuncias recibidas por la entidad se han solucionado arrojando un balance positivo donde se han llegado a acuerdos voluntarios entre las partes y han decidido acatar el Decreto Distrital, velando así por que ninguna persona se quede sin un techo para vivir en esta cuarentena por la vida.
