Seis empresas gravilleras fueron selladas por contaminar Río Tunjuelo

Gravillera - Foto: Secretaría de Ambiente

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22•Nov•2015
Publicado por: Javier Cortés
22•Nov•2015
Publicado por: Javier Cortés

La Secretaría Distrital de Ambiente, en conjunto con la Policía Judicial de la Región Uno de los Carabineros, sellaron cuatro trituradoras en la localidad de Usme y dos en Ciudad Bolívar, que se dedicaban a extraer agua del río Tunjuelo para utilizarla en el proceso y posteriormente devolverla contaminada con sedimentos al río.

El daño ambiental ocasionado por el proceso de trituración para obtener grava causó erosión, degradación de suelos y vertimientos industriales.

El incumplimiento de la norma en la que incurren estas empresas se da por captar agua sin concesión, verter sin permiso, estar ubicados en el corredor ecológico del río Tunjuelo, generar y almacenar residuos peligrosos.

Siete personas que realizaban la actividad y operaban las maquinas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía para adelantar procesos penales por la afectación ambiental y por operar sin los permisos requeridos.  

Las empresas que fueron selladas y a las cuales se les adelanta procesos administrativos sancionatorios son: En Usme, trituradoras Aurora 1, Planta Sur y Perdigo Gravas, ubicadas en el predio La Perdigona. En Ciudad Bolívar: trituradora El Rubí y Aurora 2 en el predio denominado Equipo Universal.

Estas trituradoras ya tenían orden de cesar actividades desde el año 2007 y 2013, tras varios operativos realizados en la zona la autoridad ambiental detectó el incumplimiento a las medidas impuestas, al encontrar los sellos arrancados y el desacato a la orden de suspender actividades.

Estas empresas utilizan aproximadamente 2,8 metros cúbicos de agua del Tunjuelo, por cada metro cúbico de piedra que es triturada. Esta zona tiene una producción mensual entre 3.000 y  8.000 metros cúbicos de grava y arena.

La Autoridad Ambiental adelanta nueve procesos sancionatorios de este tipo, los cuales pueden alcanzar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

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