Unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Bogotácapturaron a dos personas por disposición ilegal de escombros. Es la primera vez que se realiza un allanamiento por un delito ambiental en la ciudad.
Se trató de un operativo realizado en el barrio Santa Cecilia por disposición de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, en conjunto con la línea Investigativa de Delitos Contra la Biodiversidad y Salud Pública de la SIJIN
Las autoridades ubicaron un predio que estaba siendo utilizado para la disposición ilegal de residuos de construcción, demolición y demás materiales, lo que generó una montaña de 50.000 metros cúbicos de escombros que amenazaban a la comunidad por un posible deslizamiento. En el sitio se depositaban llantas, ladrillos, madera, tubos, empaques, plástico y asbesto, entre otros elementos.
Las autoridades señalaron que de las dos personas capturadas, una es el presunto administrador del predio y el otro es el conductor de una volqueta quien fue sorprendido en flagrancia dejando escombros en el lugar.
“Luego de varios intentos por entrar al lugar, de recibir amenazas e intimidaciones con arma de fuego y de un largo trabajo de investigación, el Distrito logró ingresar a este predio a través de una orden expedida por la Fiscalía 205 seccional de Bogotá, lo que permitió frenar este delito y detener la contaminación del suelo que se venía realizando en esta zona de Bogotá”, señaló Oscar López, Director de Control Ambiental.¡Realizamos el primer allanamiento por delito ambiental en Bogota!
— Secretaría Ambiente (@Ambientebogota) 14 de noviembre de 2017
En la administración de @EnriquePenalosa en conjunto con SIJÍN allanamos un predio en Usaquén en el que se depositaban más de 50 mil metros cúbicos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) pic.twitter.com/91LiScMzSh
La Secretaría de Ambiente inició la recuperación del lugar mientras que comenzará el proceso sancionatorio ambiental correspondiente, el cual puede terminar en multas de hasta 3.600 millones de pesos.
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía. Se exponen a penas que podrían oscilar entre 55 y 112 meses de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
