Bogotá ya cuenta con una política pública de libertades religiosas

Hoy fue oficializada en Bogotá la política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, con la cual la Alcaldía de Enrique Peñalosa reconoce y garantiza los derechos,  la diversidad y la pluralidad religiosa en la ciudad.

Para su construcción se realizaron más de 116 encuentros, en los que participaron más de 500 líderes de 40 comunidades religiosas.

La Bogotá de respeto por la libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia se construye con las voces de quienes componen el paisaje religioso de la ciudad. #LibertadReligiosapic.twitter.com/1EnoP3xef6

— Gobierno Bogotá (@GobiernoBTA) 8 de mayo de 2018

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, manifestó  que de esta manera la presente Administración cree en el valor de las creencias y en la dimensión espiritual como un referente de la dignidad humana.

“Por eso reconocemos esta nueva política pública como un triunfo del trabajo que por años han venido realizando estas comunidades”, aseguró Uribe Turbay.

El proceso de construcción de la Política Pública de #LibertadReligiosa fue un punto de encuentro y un espacio de diálogo entre las confesiones religiosas presentes en Bogotá.  pic.twitter.com/qWPpyftqN1

— Gobierno Bogotá (@GobiernoBTA) 8 de mayo de 2018

De esta manera se busca fomentar el respeto por las diversas creencias y prevenir y reducir la vulneración o amenaza contra líderes, lideresas y la ciudadanía.

Otro de los objetivos de este logro es disminuir la intolerancia  por las creencias religiosas, ya que según la Universidad Nacional de 517 líderes religiosos, más de 400 aseguraron haber vivido algún caso de discriminación en 2016.

Bogotá es la primera ciudad de Colombia con una Política Pública de #LibertadReligiosa, su implementación permitirá afianzar la pluralidad religiosa en la capital.  pic.twitter.com/dP8Z360eHS

— Gobierno Bogotá (@GobiernoBTA) 8 de mayo de 2018

El secretario de Gobierno también aseguró que tener una religión y practicarla debe considerarse un Derecho Humano, y quien la defienda debe reconocerse como un defensor de dichos derechos.

Otro de los objetivos que busca esta nueva política pública es contribuir con la reducción y la eliminación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la ciudad.