Con un plan de choque para agilizar al máximo los procesos de legalización de barrios en Bogotá, la Administración Distrital trabaja para formalizar los asentamientos que cumplen con las condiciones establecidas por la ley.
“Ese plan de choque incluye el ajuste de procedimientos al interior de las Secretarías de Planeación y Hábitat para reducir tiempos. Se habilitaron Mesas de trabajo interinstitucionales previas a la radicación, se reactivó la Mesa Distrital de Mejoramiento, y desde Hábitat se contrató una consultoría para agilizar la conformación de expedientes de legalización pendientes”, explicó el secretario de Planeación, Andrés Ortiz.
Durante el segundo semestre de 2016 se legalizaron 15 barrios. La meta establecida para el 2017 es de 50. Para 2018 de 56. En 2019 serían 56 los asentamientos humanos que ingresarían a la formalidad y en el primer semestre de 2020 la meta es de 15, para un total previsto de 192 barrios legalizados durante la actual Administración.
Ilegalidad, un fenómeno extendido en la periferia
El proceso de ocupación irregular del suelo en la ciudad es una dinámica que se manifiesta principalmente en áreas periféricas, vulnerables ambientalmente.
Aproximadamente el 21% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera informal.
Estos asentamientos se caracterizan por presentar problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos zonales y urbanos, los cuales se agravan por la ubicación de algunos de estos barrios en áreas que presentan amenaza o riesgo de inundación o deslizamientos.
La falta de oferta de vivienda social es una de las razones por las cuales se activan procesos informales de ocupación. Frente a ese fenómeno el Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa ha respondido con la habilitación de estrategias como el “Pacto por la vivienda”, habilitación de suelo, el Programa Integral de Vivienda Efectiva (PIVE), y el denominado “Desmarginalizar”, entre otras acciones.
Cuellos de botella
Según explicó el secretario Ortiz, uno de los cuellos de botella que se presenta durante el proceso de legalización es la imposibilidad de prestación de servicios públicos en algunos barrios, y otro, es la no aceptación del proceso por parte de la comunidad. Cerca de un 51% se resiste porque consideran que la legalización les va a generar costos en impuestos y servicios públicos, y prefieren seguir en la informalidad.
Barrios que han ingresado a la formalidad durante Administración Peñalosa
La administración del Alcalde Enrique Peñalosa ha adelantado hasta la fecha el proceso de legalización urbanística de 17 barrios, ubicados en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Bosa, Fontibón, Suba y Ciudad Bolívar.
Con la legalización de estos barrios, alrededor de 3.200 personas podrán tener acceso a la dotación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de infraestructura para la prestación de servicios sociales como salud, educación o recreación, al igual que vías y transporte.
