Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez con función de control de garantías a cinco personas, integrantes de una misma familia, que conformaron una organización ilegal encargada de producir cocaína en Caquetá para luego transportarla hacia Bogotá.
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Se trata de Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros. Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en varios inmuebles de Florencia, Caquetá.
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Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación determinaron que los estupefacientes iban camuflados en electrodomésticos y encomiendas que eran enviados a través de una empresa de mensajería en Caquetá con destino a Bogotá. Finalmente, en los lugares de destino distribuían a otras bandas ilegales las sustancias que eran comercializadas al menudeo.
En el siguiente post, en la red social X, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la noticia sobre la judicialización de cinco integrantes de una misma familia a las que se les imputó delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, por la presunta producción, transporte y venta de cocaína en Caquetá y Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 5 integrantes de una misma familia a las que se les imputó delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, por la presunta producción, transporte y venta de cocaína en… pic.twitter.com/a34oxjwrPO
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 12, 2024
De acuerdo con el ente investigador, para este fin, Álzate Duque se aprovecharía de su condición de trabajadores de esa empresa de mensajería, su rol era recoger los estupefacientes y aforarlos mediante encomiendas con el fin de evadir los controles de las autoridades. Además, sería el químico de la estructura, en su poder estaba el definir las sustancias controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes.
Información en poder del ente acusador evidenciaría que Cerquera Reyes sería el cabecilla de la red; además de ser quien velaba por las finanzas de la estructura, supervisaba el cultivo, la producción, y transporte de los alijos.
Por su parte, Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros estarían encargadas de recibir los cargamentos en la capital del país, así como de entregarlos a los compradores habituales.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados.
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Por petición del ente acusador todos los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
