Como resultado de un operativo adelantado en Bogotá y en el marco de la cooperación judicial internacional, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos colombianos, presuntos responsables de la desaparición de una pareja de ciudadanos franceses ocurrida en septiembre de 2019 en Francia, en la comuna de Vanxains, en Dordoña.
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Según las investigaciones, los hoy procesados habrían sido las últimas personas en tener contacto con las víctimas en una finca agrícola. También estarían involucrados en el apoderamiento de un computador portátil y tarjetas bancarias, con las que habrían comprado joyas, electrodomésticos y ropa de marca, por un valor superior a los 15.000 euros.
Las evidencias recopiladas por las autoridades francesas y la información obtenida en Colombia permitieron establecer que los presuntos responsables, Carlos Arturo Ortiz Álvarez y María Belsir Cubillos Durán, harían parte de una red delincuencial transnacional dedicada al hurto en diferentes modalidades en Francia, España y otros países.
Como resultado de este trabajo articulado, las capturas se realizaron en diligencias conjuntas entre la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.
Durante el procedimiento fueron incautados teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, tarjetas bancarias, documentos de identidad extranjeros, equipos informáticos y otros elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.
Un fiscal del Gaula de la Policía, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado. También solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue avalada por el juez de control de garantías.
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El proceso de judicialización se adelantó en Colombia conforme a los protocolos de cooperación judicial internacional previstos en la Convención de Palermo de 2000, ante la inexistencia de un tratado de extradición vigente con Francia. También se realizó un intercambio permanente de información y material probatorio entre la Fiscalía colombiana y las autoridades francesas, lo que permitió la identificación, ubicación y judicialización de los presuntos involucrados.
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