El éxito de una política de vivienda no se mide únicamente por el número de viviendas que se construyen. Se mide por la capacidad de las familias para acceder efectivamente a ellas. Ese ha sido el propósito de Mi Casa en Bogotá: transformar la política de vivienda en una estrategia integral que articula subsidios, ahorro, financiación, acompañamiento financiero y oferta inmobiliaria para reducir las barreras de acceso y facilitar el cierre financiero de los hogares.
La Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá fue una muestra de ese modelo. Durante tres días reunimos en un mismo espacio a 29 constructoras, 12 entidades financieras, cajas de compensación y más de diez entidades distritales para facilitar el cierre financiero de miles de familias y dar a conocer la oferta institucional que Bogotá les ofrece para construir un futuro en la ciudad. Los resultados reflejan el alcance de esta articulación: más de 13.220 personas atendidas, 6.786 familias registradas, 968 cierres y potenciales cierres financieroscon constructoras y 3.503 operaciones financieras, entre créditos aprobados y pre aprobados, por un valor superior a $1 billón.
Estos resultados confirman que el acceso a la vivienda no depende únicamente de la existencia de proyectos disponibles o de subsidios. Requiere conectar, en un mismo ecosistema, a las familias, el sector constructor, las entidades financieras y el Estado para reducir las barreras que aún dificultan el cierre financiero de muchos hogares.
Detrás de estas cifras hay historias como la de Rosalba Moreno, una de las asistentes a la feria, quien después de varios años buscando una oportunidad para adquirir vivienda encontró en un solo espacio la información, el subsidio y el acompañamiento necesarios para avanzar en su proceso. Su experiencia refleja el propósito de esta estrategia: facilitar que más familias transformen una intención de compra en una decisión viable.
La feria también fue un escenario para pensar el futuro de la política de vivienda. A través de conversatorios con representantes del sector constructor, las entidades financieras, las cajas de compensación y el Distrito, analizamos los principales desafíos del acceso a la vivienda y coincidimos en un mensaje: la vivienda no solo responde a una necesidad social, también es una de las inversiones con mayor capacidad para dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer el desarrollo urbano. Estos espacios demuestran que la articulación público-privada no termina en la comercialización de proyectos; es también la base para construir soluciones que respondan a los retos habitacionales de las ciudades.
La feria confirmó, además, un cambio que merece especial atención. Entre los hogares habilitados para participar, el 67,6 % estuvo representado por mujeres y 20.131 correspondieron a hogares con jefatura femenina. Este dato demuestra que las políticas de acceso a la vivienda también fortalecen la autonomía económica de las mujeres y generan mayor estabilidad para miles de familias bogotanas.
La experiencia de Bogotá demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan de manera coordinada, los resultados trascienden las cifras. Una política de vivienda bien articulada no solo facilita la compra de un hogar; también impulsa la inversión, genera empleo, fortalece la confianza de las familias y contribuye a construir una ciudad más equitativa, competitiva y sostenible.
Ese es el modelo que seguimos consolidando en Bogotá: una política que entiende la vivienda no solo como un techo, sino como una plataforma de oportunidades para las personas y como una herramienta para impulsar el desarrollo urbano. Porque cuando una ciudad facilita el acceso a la vivienda, también amplía las oportunidades de quienes la habitan.