Este jueves, en la continuación del debate de control sobre la política pública de víctimas, en el Concejo de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá tuvo la oportunidad de responder las preguntas de algunos cabildantes y profundizar un poco más en lo que ha sido el trabajo de la administración local para atender y brindar una oferta a quienes llegan a la capital producto del conflicto armado.
Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación de la ciudad, y quien en días pasados presentó en este mismo recinto el ‘Informe 9 de Abril’, inició su intervención resaltando la voluntad política que hay de este gobierno distrital, que a la fecha viene implementando el Plan de Acción Distrital de Víctimas más grande en la historia de Bogotá con una inversión de 1.8 billones de pesos.
“A Bogotá han llegado más de nueve mil víctimas y como gobierno local los hemos reconocido y realizado un trabajo para que la oferta institucional aumente. Estamos hablando de cubrimiento en salud, cupos para educación, auxilios de alimentación, entre otras cosas, que nos ha permitido consolidar a Bogotá como epicentro de paz y reconciliación, una muestra de la voluntad política de la alcaldesa, Claudia López, para implementar el Acuerdo de Paz en la ciudad”, dijo el Alto Consejero de Paz.
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Inversión en atención inmediata
Igualmente, Rodríguez, ante la pregunta de uno de los concejales, recordó que entre alojamientos y ayuda y atención inmediata, el Distrito ha invertido 10.653.513 millones, entre enero y diciembre de 2021, impactando a 5.891 personas de las cuales 2.050 son pertenecientes a la etnia indígena.
“Hay algo que quiero reiterar: si bien estas medidas mitigan la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la solución integral es el retorno de esta población a su territorio. El asistencialismo sólo perpetúa la guerra allí. El deber nuestro, como Distrito, es aplacar la situación con las ayudas de atención inmediata pero no podemos resolver la situación de fondo”, agregó el Alto Consejero.
Aquí, un trino de la Consejería de Paz puntualizando el objetivo del debate de control ante el Concejo de Bogotá.
Este jueves continuó el debate de control sobre la política pública de víctimas, en el @ConcejoDeBogota.@Bogota profundizó en lo que ha sido el trabajo de la administración local para atender y brindar una oferta a quienes llegan a la capital por el conflicto armado. 👇 pic.twitter.com/VHq1sFjrRd
— Alta Consejería de Paz de Bogotá 🕊 (@ConsejeriaDePaz) April 29, 2022
Siguiendo por esa línea, Rodríguez enfatizó que por decisión de la Alcaldesa se planteó conseguir más recursos para desarrollar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), al igual que se inició la ruta participativa en menor tiempo que otros entes territoriales. Algo que, claro, se logró gracias a la voluntad de las comunidades.
“No es posible pensar en la paz sin pensar en seguridad, equidad y ordenamiento territorial. Sumapaz es el ejemplo del buen trabajo que se está haciendo. Está el proyecto de mejorar la conectividad, junto a la Alta Consejería TIC, la garantía del mínimo vital de agua potable con las plantas de tratamiento y el mejoramiento de las cadenas productivas. Son trabajos mancomunados que estamos haciendo gracias a la articulación del Distrito”, apuntó el Alto Consejero de Paz.
Trabajo interinstitucional
Después fue el turno de Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, quien reiteró que la paz debe ser tratada con un enfoque transversal, que involucre a varias entidades y no solo a una secretaría. Para reforzar este punto, Jiménez hizo énfasis en el programa llamado Paz Local, iniciativa que tiene un presupuesto superior a los ocho mil millones de pesos.
“La idea es fortalecer los temas de paz y reconciliación. Y para eso hemos definido cinco rutas: formación, cultura, emprendimientos, resignificación y memoria. Estas iniciativas estarán a cargo de las Alcaldías Locales y esperamos que en las próximas semanas podamos tener la contratación respectiva para su implementación”, afirmó el Secretario de Gobierno.
En cuanto a los temas étnicos, Jiménez confirmó que en septiembre se creará de nuevo la Dirección de Asuntos Étnicos, compromiso que se hizo en campaña debido a las decisiones que tomó la administración anterior, que en vez de mantener una dirección optó por una subdirección.
Finalmente señaló que para los indígenas que se encuentran en la Unidad de Protección Integral - UPI, La Florida, en Engativá se amplió la oferta para brindar todas las garantías de derechos. Dentro de las acciones se encuentran: transporte diario para que puedan movilizarse a vender sus productos y participen en ferias y actividades que puedan comercializarlos. “La atención es integral y todas las entidades estamos trabajando para atender a esta población, todo, enfocado en que vuelvan a sus territorios con las garantías necesarias”, puntualizó el secretario de Gobierno.
