La Alcaldía Mayor de Bogotá rechaza las vías de hecho realizadas por algunas personas de la comunidad Emberá en los edificios del Ministerio del Interior, sede Bancol y en el BIP, en las que se ha evidenciado la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como la afectación a más de 1.200 personas que se encuentran en estos espacios y cuya libre movilidad se ha visto vulnerada.
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La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación han mantenido acompañamiento permanente en el lugar desde las 6:00 de la mañana, cuando se registró el desplazamiento desde la UPI La Florida, articulando acciones con la Policía de Bogotá y los equipos de Diálogo Social, Asuntos Étnicos y Derechos Humanos.
Durante la jornada se acompañó toda la ruta, se facilitó la evacuación progresiva y segura de las personas en los edificios afectados —priorizando población vulnerable—, en simultanea se promovieron espacios de diálogo para permitir la salida de las personas sin confrontación. Estas acciones se han desarrollado de manera coordinada y con presencia del Ministerio Público como garante de derechos.
La Administración distrital se une al llamado del Gobierno Nacional para que la población Emberá se manifieste de manera pacífica, respete y acuda a los espacios institucionales que han sido convocados en múltiples oportunidades para atender sus reclamos. Estos espacios han contado con el acompañamiento del Ministerio Público y son los únicos a través de los cuales se tramitarán las demandas.
El Distrito, además de acompañar siete mesas de diálogo con los diferentes grupos Emberá, que actualmente adelantan tomas en distintos puntos de la ciudad, continúa disponiendo los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, como los Centros Amar y Abrazar, pese a que la población ha impedido el acceso de niños y niñas a estos servicios.
Esta situación vulnera gravemente el derecho a la educación, la protección y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en las vías de hecho, quienes no se encuentran en condiciones adecuadas. En el lugar persisten diversos factores de riesgo, incluyendo riesgos físicos, condiciones climáticas inadecuadas, y riesgos para su salud. La asistencia a jardines, colegios y Centros Amar permite a esta población acceder a espacios seguros con condiciones mínimas de protección, alimentación, acompañamiento profesional y supervisión, lo cual resulta fundamental para mitigar estos riesgos y garantizar entornos más adecuados para los niños y niñas.
La Administración Distrital hace un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal y como lo indica el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los derechos de la niñez son prevalentes y asigna a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral.
Adicionalmente, se reitera que la Consejería de Paz ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la entrega de ayudas humanitarias, como albergue, alimentación y kits de aseo, entre otros, cuando esta población ha llegado a la ciudad en el marco del conflicto armado. Asimismo, ha garantizado acompañamiento permanente en la UPI La Florida y la UPI La Rioja, con el objetivo de proteger de manera oportuna a niños, niñas y adolescentes.
Bogotá insiste en que la violencia no puede ser el camino para dirimir las diferencias. Resulta inaceptable la vocería de quienes instrumentalizan a niñas y niños en lugar de proteger y garantizar sus derechos. El Distrito no será permisivo con este tipo de liderazgos, que además afectan y limitan los derechos de la ciudadanía.
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