La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, aseguró que Bogotá es ejemplo de implementación de buenas prácticas en el tema de movilizaciones a nivel nacional.
“Antes de que la Fuerza Pública intervenga siempre nuestros equipos institucionales hacen un acercamiento y conciliación para que el ejercicio fundamental de la protesta pacífica no desborde en una conflictividad”, agregó.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Jairo García, solo el 6 % del total de las manifestaciones que se han registrado en los últimos años en Bogotá, ha requerido la intervención de la Fuerza Pública para su control.
“Aquí se permite la protesta y hay una regulación de la protesta con normas claras. De hecho, en los últimos tres años hemos tenido más de 2.000 marchas en Bogotá. Estamos en una ciudad que necesita funcionar y no podemos permitir que los intereses, las demandas, impidan que 8 millones de personas puedan funcionar bien”, resaltó el alcalde Enrique Peñalosa.
“Hoy Bogotá es modelo en acompañamiento en la movilización social en Colombia. Tenemos un modelo conjunto, con gestores de convivencia que es el único equipo en Colombia que acompaña la movilización social, que son alrededor de dos por día en la ciudad”, señaló el secretario de Seguridad.
El mandatario destacó que el Distrito no puede permitir que estas movilizaciones bloqueen la operación del transporte masivo en la ciudad, tampoco que perjudique a los ciudadanos.
“Nosotros de ninguna manera, sin importar cuál sea la protesta, podemos permitir, bajo ninguna justificación, que utilicen artefactos explosivos, arrojar piedras, cometan actos de vandalismo o agredan a los ciudadanos”, resaltó el alcalde.
El secretario de Seguridad hizo un llamado a los manifestantes para que se movilicen de manera respetuosa y pacífica.
Por último, Peñalosa aseguró que, con el fin de evitar todo tipo de afectaciones, como las registradas en estos últimos días por las marchas en la ciudad, el Estado cuenta con diferentes equipos para este fin.
“Necesitamos garantizar que la ciudad funcione. En cualquier ciudad del mundo las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que quieren protestar”, concluyó el alcalde.
Caso de la Universidad Distrital
El alcalde Peñalosa también explicó que, aunque destaca la importancia del problema interno de la Universidad Distrital, no hay ninguna justificación para perjudicar el funcionamiento de la ciudad.
“Más de 300 mil millones de pesos al año de impuestos de los ciudadanos de Bogotá van a la Universidad Distrital para que los jóvenes puedan estudiar. Ojalá lográramos sacar el mejor provecho en temas académicos”, señaló el alcalde.
