La alcaldesa Claudia López informó que, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno Nacional y otras entidades, pidieron una prórroga y una "aclaración de las soluciones de corto, mediano y largo plazo" que la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, solicitó para solventar de la mejor manera posible el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil y establecer los protocolos que garanticen la protesta sin infiltraciones y el ejercicio legítimo de la fuerza en las manifestaciones sociales. Esta solicitud se realiza luego de que la magistrada ordenara a los accionados expedir, en término de tres días, dichos protocolos.
¿Por qué se solicita la prórroga?
El principal argumento entregado por la alcaldesa Claudia López es crear un protocolo consistente entre la orden impartida desde el Tribunal de Cundinamarca y el estatuto que ha solicitado la Corte Suprema de Justicia, que se debe expedir el 21 de noviembre de 2020, al cumplirse 60 días de la Sentencia de Tutela, y que exige crear un "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
En aras de cumplir lo ordenado desde la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Cundinamarca se creó una mesa de trabaja compuesta por el presidente de la República, Iván Duque; el ministro de Defansa, Carlos Holmes Trujillo; la ministra del Interior, Alicia Arango; el Fiscal General, Francisco Barbosa; el director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa; la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que empezó a trabajar desde el 28 de septiembre, y se ha extendido los dos siguientes días, con el cometido de crear el estatuto solicitado por la justicia colombiana.
Se une a los motivos para la solicitud de la prórroga, desde el Distrito, lo señalado por el secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta, quien comunicó que el primer proyecto de estatuto propuesto por el Gobierno Nacional presenta "varias de sus disposiciones" como "inconstitucionales" al: 1) "establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales que son de órbita y ley estatutaria y no pueden regularse a través de resoluciones o decretos", 2) establecer "limitaciones a las facultades que por ley y constitución se le ha entregado a los entes territoriales" y 3) presentar "serias ambigüedades frente al uso, proporcionalidad y gradualidad del uso de la fuerza y no establecer controles para el uso de la fuerza pública".
"Seguiremos trabajando de manera mancomunada para llegar a soluciones de fondo y estructurales que aseguren el derecho a la movilización pacífica, prevengan las acciones violentas y vandálicas, pero también para asegurar que siempre habrá un ejercicio legítimo de la fuerza pública y que si hay casos de abusos se sancionarán eficaz y oportunamente", indicó la alcaldesa Claudia López en un video publicado en su cuenta de Twitter.
No cercenar y estigmatizar la protesta
El secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, quien también ha participado en la mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, ha sido claro en adelantar que si el derecho a la protesta se regula, se deberá hacer "garantizando siempre un uso equilibrado de la fuerza y no cercenando y estigmatizando el derecho a la protesta al ponerle exigencias que la restrinjan".
