En 2012, la entonces Administración de Bogotá decidió que no abriría una nueva licitación para seguir contratando con operadores privados la recolección de las basuras en la ciudad, sino que creó una empresa: Aguas de Bogotá, adscrita al Acueducto, para que se encargara de esta labor.
Se tuvo entonces que volver a contratar, a dedo, a los antiguos operadores, para que cubrieran el 50 por ciento de la recolección de basuras en la ciudad. A este descalabro se sumó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró ilegal y nula dicha decisión por no haber recibido la aprobación del Concejo de Bogotá y que, a su vez, ordenó el desmonte de dicho modelo. El Distrito ha tenido que pagar más de 90 mil millones de pesos en multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.