Ante las agresiones físicas y violentas contra los servidores públicos por parte de los miembros de la comunidad indígena que se encuentran asentados en el Parque Nacional, la Secretaría de Gobierno denunciará penalmente por configuración del delito de violencia contra servidor público configurado en el artículo 429 del código penal “el que ejerza violencia contra el servidor público por razones de sus funciones... incurrirá en prisión de 4 a 8 años”.
Los golpes contundentes con palos contra Álvaro Flórez, servidor del equipo de Asuntos Étnicos y Diálogo Social, por parte de algunos miembros de estas comunidades mientras los invitaban al proceso de identificación, le ocasionó 7 días de incapacidad por presentar un grave trauma de tejidos blandos, hematoma en reja costal derecha tercio inferior y región escapular derecha con limitación funcional de hombro por edema y dolor, de acuerdo al parte médico emitido por el Hospital Universitario San Ignacio.
Aquí, un trino en el que Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, se refiere a las agresiones de las que fue víctima Álvaro Flórez, servidor del equipo de Asuntos Étnicos y Diálogo Social:
Contenidos relacionados
🛑🛑 Nuestro compañero agredido ayer de manera violenta con palos, por algunos miembros de las comunidades indígenas del Parque Nacional, fue incapacitado por 7 días a causa de un grave trauma de tejidos blandos, hematoma en reja costal derecha y clavícula y otras contusiones. pic.twitter.com/On8vRTya8N
— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) February 4, 2022
Esta situación se dio luego de seis horas de diálogo entre el Distrito y los voceros de las comunidades indígenas para que se permitiera adelantar su caracterización, en cumplimento de la orden judicial que obligó al Distrito identificar los núcleos familiares y a los líderes de estas comunidades a permitir su desarrollo.
Una vez terminó esta reunión se procedió a invitar a las familias para que se acercaran a los puntos de identificación a realizar el proceso, a lo que estas comunidades reaccionaron de manera violenta y agresiva con insultos a los gestores de diálogo y convivencia y golpes hacia algunos servidores que se encontraban en el lugar.
Desde el Distrito también se procederá a informar al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas, que concedió la acción de tutela promovida por la Personería, y al inspector de policía el nuevo intento de caracterización de las comunidades indígenas y la imposibilidad de realizarlo ya que en todo el tiempo de la ocupación del Parque no la han permitido. El día de ayer 3 de febrero de 2021, al intentarlo nuevamente, fue agredido un colaborador de la Secretaría Distrital de Gobierno.
La voluntad del Distrito Capital ha sido siempre realizar la caracterización, por tal motivo se informará una vez más a la Juez competente sobre este nuevo intento fallido como consecuencia de ataques, amenazas y agresiones recibidas por el personal de apoyo de las entidades distritales por parte de los indígenas, incluidos sus voceros.
Se solicitará a la Juez de conocimiento que se pronuncie ante la imposibilidad para las entidades Distritales de cumplir la orden judicial por hechos atribuibles exclusivamente a las comunidades indígenas que ocupan el Parque y que violentamente se opusieron a la caracterización.
Así mismo, en Bogotá se continuará con la preparación del retorno definitivo de todos los miembros de estas comunidades que se encuentran en el Parque Nacional y la UPI la florida. El próximo martes 8 de febrero, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Víctimas presidirán, junto con las autoridades y los gobernadores del territorio, un Puesto de Mando Unificado donde acordarán el cronograma para el retorno definitivo en condiciones de seguridad y con garantías de no repetición de la comunidad Emberá que se encuentra en Bogotá.
La Unidad Nacional de Víctimas manifiesta que este retorno se llevará a cabo durante el mes de febrero bajo condiciones que permitan el retorno seguro de la población. Según las autoridades del gobierno propio de los pueblos Emberá y las actas de los comités municipales de justicia transicional, desde el mes de marzo del 2021 existen condiciones para el retorno seguro y con dignidad de la población Emberá que se encuentra en las ciudades capitales desplazada.
Las entidades del orden nacional presentes en el PMU y la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá se han solidarizado con el equipo del Distrito ante los hechos de violencia presentados y las agresiones y ataques de que fueron víctimas los servidores que apoyaban el proceso de caracterización y expresó rechazo rotundo por los actos violentos generados por la comunidad indígena.
