Reconocemos que:
Las ciudades son imprescindibles en las acciones frente al cambio climático, dado que concentran más del 50% de la población mundial, consumen más del 75% de energía y generan gran parte de los gases efecto invernadero - GEI - a través de sus actividades productivas, de servicios, de consumo y tecnológicas, aunque de manera diferenciada. Así mismo concentran la industria, el transporte, el consumo de energía y los residuos. En ellas habita la tercera parte de la población más pobre del mundo.
En las ciudades se despliegan los mayores efectos de la variabilidad climática, asociados a los desastres naturales (tsunamis, inundaciones, huracanes, tifones, etc.), los cuales generan graves impactos en los asentamientos humanos, principalmente en las poblaciones más vulnerables.
Los ecosistemas responsables de la regulación del ciclo hidrológico son los más perturbados por los impactos del cambio y la variabilidad climática, debilitando la sustentabilidad y la calidad de vida de la población. El reconocimiento de este factor por parte de las autoridades locales conduce a desarrollar acciones dirigidas a un manejo adecuado de la "cadena del agua" en términos de oferta (conservación de los ecosistemas, humedales y áreas de conservación) y de demanda (consumo y uso sostenible de las actividades productivas, de servicios, etc.).
Afrontar los impactos y causas del cambio climático global obliga necesariamente a los gobiernos locales a trabajar por una transformación de los patrones culturales -a través de sus políticas y desde su propio ejemplo-, que impulse nuevos valores, comportamientos y actitudes para repensar y replantear las formas de relación con el entorno natural, la ciudad y sus habitantes. Este hecho significa promover nuevos modelos de gestión, información, comunicación y acciones pedagógicas.
Recordamos que:
Son muchas las ciudades del planeta y de la región latinoamericana que han suscrito el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales por la Protección Climática, la Declaración de Bonn y el Pacto Climático Global de Ciudades, conocido como Pacto de la Ciudad de México, entre otras iniciativas para combatir el calentamiento global.
Algunas de estas ciudades impulsan mecanismos de inclusión de la sociedad civil, en la búsqueda de profundizar la democracia participativa y fortalecer los compromisos ciudadanos para la mitigación y la adaptación climática.
El Pacto de la Ciudad de México ha sido firmado a la fecha por 269 ciudades del mundo que han asumido compromisos específicos de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación de sus ciudades al cambio climático, contando con una metodología común para medir sus emisiones GEI a través del Registro Climático de Ciudades Carbonn.
Con estas iniciativas las ciudades del mundo han mostrado liderazgo y compromiso para combatir el calentamiento global a nivel local. Durante la Cumbre de Bogotá, sobre Ciudades y Cambio Climático, los alcaldes participantes:
Declaramos nuestros propósitos por:
Acoger el Pacto Climático Global de Ciudades o Pacto de la Ciudad de México como un mecanismo global de negociaciones internacionales de los gobiernos locales para combatir el calentamiento global a través del cumplimiento de sus diez compromisos, aplicando el enfoque de adaptación al cambio climático propuesto por el Foro de Alcaldes de Bonn y promover entre los alcaldes firmantes, el reporte anual de sus avances al Secretariado Internacional liderado por la Fundación Pensar y al Registro Carbonn.
Avanzar en la transformación del modelo de gestión pública para posicionar de manera transversal el tema del cambio climático, convirtiéndolo en esencial en la agenda estratégica de los gobiernos locales. Para tal fin propenderemos por incorporar en nuestros planes de desarrollo la inclusión de políticas, programas y estrategias dirigidas a responder a las causas del cambio climático, su variabilidad extrema y sus efectos.
Fortalecer la gobernanza del agua desarrollando integralmente programas de conservación, protección y disponibilidad del agua, a nivel urbano-rural y con una perspectiva regional, como estrategia clave para la adaptación a los efectos del cambio climático.
Promover el ahorro y consumo responsable del agua y el impulso de las acciones necesarias para aumentar su oferta, regular su demanda, su acceso y mejorar su calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de la población, propendiendo por un equilibrio entre agua - producción - energía y saneamiento.
Impulsar procesos educativos de defensa del Derecho Humano al Agua y los Derechos de la Naturaleza.
Trazar estrategias de transformación de los patrones culturales hacia la ciudadanía en general, la institucionalidad y el sector privado, en la búsqueda de avanzar hacia ciudades y sociedades sustentables y más humanas en armonía con la naturaleza: para tal fin, los gobiernos locales desplegarán programas que construyan relaciones de convivencia entre la ciudadanía y resignifiquen las relaciones entre la población y los territorios, en el marco de la ética y la justicia ambiental.
