Cámara de Comercio respalda restricción al parrillero en motocicleta

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) expresó su apoyo a la medida adoptada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para restringir al parrillero hombre mayor de 14 años en motocicletas con cilindraje igual o superior a 125 centímetros cúbicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, durante el 2017 Bogotá experimentó un aumento significativo en la participación de los delitos de alto impacto cometidos por agresores que se movilizan en motocicleta. El 5,7% fueron cometidos bajo esta modalidad. Esta cifra mostró un incremento del 75,4% con respecto a la de 2016.

Según el Observatorio de Movilidad de la Cámara, en la última década el número de motocicletas que circulan en Bogotá ha tenido un aumento superior al 300%. En enero de este año, de acuerdo con el Registro Único de Tránsito -  RUNT, fueron matriculadas en Bogotá 474.710 motos.

La CCB resalta que esta medida se apoya en experiencias de otras ciudades capitales de nuestro país en las cuales hay evidencia de su impacto positivo.

La Cámara entiende el impacto que esta medida tiene en los usuarios de este medio de transporte y hace un llamado a la ciudadanía a comprender que se trata de una acción coyuntural y específica, localizada en una zona puntual de la capital que concentra un buen número de delitos de alto impacto, y que será por tres meses.

La entidad coincide con que es necesario tomar medidas como esta, orientadas a resolver problemas de seguridad y movilidad, que están teniendo efectos inmediatos en la victimización y percepción de seguridad.

De igual forma, es importante hacer seguimiento a esta medida y evaluar sus resultados, y con base en la evidencia, decidir si es viable mantenerla o ampliarla. Adicionalmente, es necesario mantener y reforzar acciones complementarias encaminadas a la desarticulación de las organizaciones criminales que están detrás de estos delitos.

La CCB valora positivamente el proceso y espacio de diálogo constructivo que se gestó entre la Administración, los empresarios y la ciudadanía, con el fin de analizar los impactos y proponer acciones conjuntas que mejoraron la medida en beneficio del bien común.