A través de equipos institucionales que hacen presencia permanente en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, la Administración distrital tuvo conocimiento de que, en la noche de ayer, 25 de marzo, ocurrió un accidente vial en inmediaciones del predio. En este se vieron involucrados integrantes de la comunidad Emberá Katío asentada en esta UPI y un motociclista que transitaba por la zona.
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La situación derivó en la retención del conductor por parte de la comunidad durante varias horas. Asimismo, las entidades tuvieron conocimiento de que la comunidad indígena le solicitó al motociclista una suma de dinero a cambio de su liberación y, posteriormente, le retuvo el vehículo automotor hasta el momento.
Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados. Adicionalmente, hizo presencia la Policía de Funza y se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo, con el fin de mediar el hecho entre la comunidad y la persona retenida.
La administración del alcalde Carlos Fernando Galán rechaza públicamente estos actos que pusieron en riesgo no solo al motociclista y a la comunidad asentada, sino también a niños y niñas Emberá que allí conviven y que configuran la mitad de la población dentro de La Florida.
Si bien los esfuerzos de diálogo surtieron efecto para la liberación de la persona que estuvo retenida, la comunidad ha impedido desde horas de la tarde del miércoles el ingreso de los equipos distritales. Por todo lo anterior, el Distrito denunciará las acciones ocurridas, ya que vulneran los deberes y derechos establecidos en La Florida, que deben ser acatados.
El Distrito hace un llamado a la comunidad Emberá Katío a mantener su actuar dentro de la ley y la sana convivencia al interior de La Florida y sus zonas aledañas, ya que este es un predio del Distrito, puntualmente del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), y por lo mismo lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena.
Cabe destacar que, este predio, es una infraestructura del sector Integración Social donde anteriormente funcionaba una unidad de protección de niñas, niños y jóvenes, y que desde 2021 fue tomado por población indígena Emberá como asentamiento.
Bogotá reitera su llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados de procesos de retorno para que se dé el trámite oportuno a las solicitudes en curso.
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