Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, dijo que el coronavirus es un ingrediente letal para una problemática que lleva años sin solución y que está a punto de explotar
Bogotá D.C., abril 24 de 2020. El último reporte oficial entregado este miércoles 22 de abril por las autoridades señala que en las 23 salas de retenidos ubicadas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las Estaciones de Policía hay 1.577 personas en hacinamiento. Significa que existe un sobrecupo del 138,22 % que comprende 294 condenados y 1.266 sindicados.
Por su parte, las tres cárceles nacionales, La Picota, La Modelo y el Buen Pastor cuya capacidad es para 10.341 personas, registran un hacinamiento del 57,36 % con una ocupación de 16.273 internos, según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Antes de la llegada del Covid-19, y para comenzar a solucionar la difícil situación, el Distrito Capital, presentó varias propuestas al Gobierno Nacional para sumar esfuerzos en la construcción de un nuevo centro de reclusión en predios de La Picota. En efecto, se suscribió un convenio en el año 2018 con ese fin y sin embargo, el Gobierno Nacional declinó su interés en el proyecto. Frente a esta situación, para el desarrollo de una nueva cárcel distrital en otros terrenos se requiere la aprobación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Según el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, no obstante que Bogotá cuenta con una cárcel distrital con capacidad para 1028 reclusos, a diferencia de las otras ciudades del país, desde enero de este año “se han promovido por lo menos cuatro reuniones con el Ministerio de Justicia insistiendo sobre la construcción de la nueva cárcel en el predio de La Picota con esfuerzos conjuntos” pero hasta el momento “no hay ninguna respuesta positiva”.
Recordó además que desde febrero de 2020, “se enviaron por lo menos 7 oficios a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, y al INPEC con propuestas concretas y soportes de viabilidad jurídica con miras a dar inicio a la habilitación de una sala de retenidos, que al día de hoy no han tenido respuesta”.
Para la Administración Distrital, el Gobierno Nacional pretendía con la implementación del Decreto 546 de 2020 prevenir los altos riesgos de propagación del Covid-19 en las cárceles. Sin embargo, parece que este Decreto de excarcelación podría ser una herramienta poco efectiva al propósito mencionado.
Del mismo modo, suspender los traslados por tres meses de personas privadas de la libertad de las URI y Estaciones de Policía a las cárceles nacionales, agravó la situación de hacinamiento, pues de seguirse la tendencia de los últimos tres meses, se prevé un incremento mensual de 100 personas recluidas en URI y Estaciones.
Además, el Decreto 546 “modificó obligaciones y responsabilidades que la Corte Constitucional en sentencia T-151 de 2016 había ordenado a la USPEC, como la prestación de servicios de salud de las personas privadas de la libertad que completen más de 36 horas detenidas en URI y Estaciones de Policía”, obligación que nunca ha cumplido, y cuya responsabilidad quiere ahora trasladar al Distrito.
Como se recordará, Bogotá construyó celdas de retenidos en Puente Aranda con capacidad para 160 personas para reducir el hacinamiento de 21 Estaciones y URI, pero con el tiempo todas se han convertido en centros de reclusión irregulares.
Tras la declaratoria de emergencia por el Covid-19, Bogotá también ha liderado el suministro de kits de aseo, elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, termómetros, jabón antibacterial y monogafas), colchonetas y refrigerios; así como la atención medica preventiva para las personas privadas de la libertad en URI y Estaciones de Policía.
Igualmente, se procederá en todas ellas a la descontaminación por riesgo biológico, al tiempo que se avanza el arriendo y adecuación de un inmueble destinado al traslado personas privadas de la libertad para contener el riesgo de contagio presente en la localización actual. También, se va a destinar parte de Centro de Traslado por Protección del Distrito Capital a sala de retenidos, así como se espera contar con un inmueble del ICBF para los mismos propósitos una vez que concluya la fase exploratoria interinstitucional.
La materialización pronta de estas acciones requiere el compromiso de la Policía Nacional o el INPEC, dado que la ciudad no cuenta con planta de personal de guardianes suficientes que asuman la custodia de esta población y personal temporal contratado por el Distrito todavía se demora.
A partir de este mes el Distrito tiene previsto invertir en la mejora de las salas de retenidos con baterías de baños, adecuación en la red hidrosanitaria, y mejoras generales en las instalaciones, pero para ello se requiere la voluntad y el concurso de la Policía Nacional.
“Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el Gobierno Nacional escuche nuestras propuestas en busca de reducir el hacinamiento en Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata con el fin de proteger la vida no solo de las personas privadas de la libertad y de sus familias sino de todos los servidores públicos que trabajan en estos sitios”, dijo el secretario Acero.
