Cayó red que cobraba hasta $26 millones por falsificar diplomas universitarios

4·AGO·2022
Un juez de control de garantías decidió que los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento por los millonarios montos que aparentemente cobraban.
Judicializadas 3 personas que obtenían ilegalmente diplomas en BogotáFoto. Fiscalía General de la Nación
Luz Marina Amaya, unas de las personas que al parecer conformaba esa red, fue capturada saliendo de su casa en Bogotá.

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Por los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a los tres integrantes de una red que aparentemente cobraba entre 8 y 26 millones de pesos por obtener ilegalmente diplomas de universidades en Bogotá y otros documentos. A la única mujer capturada también se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. 

Entre los involucrados están Juan Guillermo Benavides, funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo; Luz Marina Amaya y Héctor Palomino, quienes fueron capturados en Bogotá.

Un juez de control de garantías decidió que los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Por los millonarios montos que aparentemente cobraban, la red entregaba diplomas de universidades en Bogotá actas de grado, certificaciones de estudio, notas con promedios de 3.5 a 4.0, diplomas de bachillerato y hasta libretas militares. 

En este trino de la Fiscalía, más detalles de la judicialización de estas personas:

Cumplían diferentes roles

La investigación determinó que, al parecer, los implicados ubicaban posibles clientes, contactaban trabajadores de centros educativos y gestionaban la modificación de bases de datos para registrar personas egresadas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases. 

Así mismo, las autoridades lograron evidenciar que algunos de los judicializados habrían mediado en entidades públicas para direccionar proyectos y contratos a personas específicas. Una actividad con la que al parecer exigían el 10% del contrato asignado.