El 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la administración distrital trasladar de manera urgente e inmediata a la población Emberá ubicada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, debido a que las actuales condiciones de hacinamiento e insalubridad representan un riesgo para la vida e integridad de esta población.
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El Tribunal concedió un plazo de tres meses para evacuar a las personas que están en dicho alojamiento temporal, mientras el Gobierno nacional, en cabeza de la Unidad para las Víctimas, avanza en el retorno o reubicación como solución duradera y sostenible para hacerle frente a la situación de vulnerabilidad del pueblo indígena.
En aras de garantizar los derechos de la comunidad Emberá, en particular los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Administración distrital ha evaluado en los últimos seis meses más de 70 predios, verificando, entre otras cosas, que estos cuenten con espacio suficiente, que tengan entornos seguros que no impliquen riesgos adicionales para los menores de edad, que sean aptos como espacio de alojamiento temporal (con redes eléctricas y sanitarias en funcionamiento), y que en el lugar se pueda instalar desde el inicio un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente.
El proceso de búsqueda de un predio adecuado para la comunidad Emberá ha implicado más de 10 reuniones interinstitucionales, varios espacios de diálogo con los voceros de la comunidad indígena que se encuentra en la UPI y un proceso de caracterización adelantado el 28 de mayo de 2025, liderado por la Unidad para las Víctimas y acompañado por más de siete entidades del Distrito. Esta caracterización fue determinante para seleccionar un predio con capacidad de espacio suficiente para albergar la población que habita en la UPI La Rioja y la que está en inmediaciones del Parque Nacional.
Tras el análisis técnico, un equipo intersectorial que reúne a cinco entidades distritales visitó y evaluó 21 predios que posteriormente fueron llevados a un comité de alto nivel. En ese contexto, luego de meses de analizar diferentes alternativas y ante la obligatoriedad y los tiempos establecidos en el fallo de tutela, se encontró que la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), es una alternativa idónea para la relocalización transitoria de las personas de la comunidad.
Esto en procura de garantizar su derecho a un alojamiento digno y cumplir con los estándares judiciales establecidos en el fallo de tutela. La decisión también fue presentada ante el Comité de Emergencia, que fue ordenado en el fallo, y que cuenta con la participación de cuatro entidades distritales, la Personería de Bogotá, integrantes de la comunidad Emberá y representantes de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Entendiendo la importancia y relevancia de la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) para actores sociales, políticos y comunitarios, pero también la dificultad en la consecución de un lugar que cumpla con los requisitos perentorios establecidos en el fallo de tutela, se tendrán reuniones de socialización con todas las personas, organizaciones, asociaciones interesadas para poder responder las dudas que surjan en torno a la posibilidad de destinar el predio para albergar de manera transitoria a la comunidad Emberá.
Además, es importante resaltar que se buscarán unas nuevas instalaciones para el IDPAC que cuenten con las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la labor misional de una entidad que es de gran importancia para la administración y que, en ningún caso, habrá una desmejora en términos de seguridad y salud en el trabajo para los servidores de la entidad ni para quienes acuden a sus instalaciones.
Sin duda alguna, con una serie de adecuaciones que adelantará el Distrito, este predio podrá contar con las condiciones necesarias para la atención integral de niños, niñas y adolescentes del pueblo Emberá. Este espacio dispone de lugares definidos que facilitarán la articulación interinstitucional y el funcionamiento coordinado de los servicios distritales enfocados en esta población.
En particular, permitirá ubicar un punto fijo de atención de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), así como del Puesto de Mando Unificado (PMU), que tendrá la labor de articular la respuesta institucional y la activación de rutas de protección para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Estas condiciones permitirán la implementación efectiva de los servicios itinerantes de las distintas secretarías, incluyendo el servicio Atrapasueños y la Estrategia Móvil de las Casas de Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que cuenta con capacidad para atender hasta 70 niñas, niños y adolescentes en espacios cerrados, además del desarrollo de actividades recreativas y pedagógicas en las zonas abiertas del predio.
El Distrito reitera que este alojamiento temporal es una medida transitoria, en tanto se adelanten los procesos de retorno y reubicación, liderados por la Unidad para las Víctimas. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, para que estos procesos se lleven a cabo con celeridad: esta población lleva cerca de tres años esperando una solución duradera para retornar a su territorio o ser reubicados en otro lugar, bajo condiciones dignas. Insistimos en el compromiso del Distrito de apoyar estas acciones.
Por último, Bogotá como ciudad diversa trabaja día a día por la inclusión de todas las personas que en ella residen. Rechazamos el racismo y la estigmatización que se han derivado de algunos actores a partir de las acciones que se adelantan para garantizar los derechos de esta comunidad. La capital recibe miles de víctimas de desplazamiento forzado, y nuestro deber como Gobierno distrital, y como ciudad, es brindar todas las garantías para que estas comunidades encuentren condiciones de vida dignas y seguras, que les permitan avanzar hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida.
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