La Secretaría Distrital de Hacienda está a la espera de la notificación del Consejo de Estado para conocer en detalle la sentencia sobre la indemnización a los damnificados con el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana en 1997 según explicó el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla González.
El funcionario precisó que se tiene prevista una parte de los recursos en el presupuesto de este año, para atender la decisión del Consejo de Estado y que hasta la fecha están pendientes de ser transferidos a la espera de la decisión que se conoció ayer.
Hasta ahora se sabe que el Consejo de Estado aceptó la solicitud del Distrito de no ordenar cancelar la indemnización en un solo pago sino en dos cuotas. Según Bonilla, el pago a los afectados está proyectado de la siguiente manera:
A quienes se encontraban dentro de los 1.5 kilómetros de área de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden seis salarios mínimos mensuales, es decir, 3.696.000 pesos.
A quienes se encontraban dentro del área comprendida entre 1.5 kilómetros y 3 kilómetros de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden cuatro salarios mínimos mensuales, es decir, 2.464.000 pesos.
A quienes se encontraban dentro del área comprendida entre 3 kilómetros y 5 kilómetros de donde ocurrió el derrumbe, le corresponden dos salarios mínimos mensuales, es decir, 1.232.000 pesos.
El Secretario de Hacienda finalmente aclaró que el Distrito debe girar los recursos al Fondo para la defensa de los derechos colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo y que están dirigidos a las 1.472 personas, hasta ahora reconocidas como damnificados, y en espera a que la Defensoría proceda a reconocer a las otras 68.500 personas que se presumen también fueron víctimas del derrumbe.