Por: Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá.
La inseguridad en Bogotá no la causa la migración. Nunca hemos afirmado o siquiera sugerido eso. La inseguridad en Bogotá tiene multicausalidad estructural por el contexto nacional de criminalidad y por ser una gran ciudad que se presta para generar y lavar grandes rentas criminales. Y también tiene multicausalidad coyuntural por los mayores niveles de desempleo y pobreza derivado de la pandemia. Esa suma de factores ha hecho que se generen presiones de inseguridad en todo el país, con incrementos nacionales en los niveles de hurto violento y homicidio. De hecho, Bogotá no es la ciudad de Colombia más afectada por esos factores de inseguridad, sino una de las que mejor ha logrado controlarlos.
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La estrategia de seguridad de Bogotá es comprensiva de esos diferentes factores estructurales y coyunturales. Incluye para lo coyuntural el más ambicioso plan de reactivación económica y rescate social para generar empleo, salvar microempresas, reducir pobreza y ampliar la oferta de educación y oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres. E incluye en lo estructural varios componentes operacionales, de inteligencia, investigación judicial y tecnología para enfrentar la nueva reconfiguración criminal del posconflicto con las Farc y la criminalidad pospandemia.
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De esa multicausalidad, la creciente vinculación de migrantes a estructuras criminales y su difícil judicialización por falta de plena identificación (¡obviamente los criminales no se registran en las oficinas de Migración!) viene creciendo como tendencia.
La población colombiana representa el 96 % de los residentes en Bogotá y la migrante el 4 %. En lo corrido del año el 85 % de los capturados en flagrancia han sido colombianos y el 15 % migrantes (cuatro veces su proporción en la población). El 17 % de los nacionales capturados son judicializados y retenidos en centro carcelario, mientras que sólo el 5 % de los migrantes capturados son efectivamente judicializados y retenidos. De 75 estructuras criminales relacionadas con narcotráfico, hurto violento y homicidio que se han desarticulado este año, en 25 había participación y reclutamiento de migrantes, equivalentes al 33 % del total. Por donde se le mida, hay hasta cuatro veces de sobrerrepresentación de la población migrante en la criminalidad y hasta un tercio de subrepresentación en la efectiva judicialización. Eso lo leen y aprovechan las estructuras criminales colombianas. Nada exacerba más la xenofobia que la impunidad y la evidencia de diferencias en el trato que reciben nacionales y migrantes.
De ahí surgió la propuesta de hacer patrullaje conjunto entre Policía y Migración para hacer no sólo capturas sino poder identificar, voluntaria o forzosamente, antes de que se venza el habeas corpus en 36 horas, a los colombianos y migrantes capturados y evitar que queden libres y sin judicializar por dificultades en su identificación y presentación de pruebas.
También le propusimos a Migración Colombia que queríamos ser la primera ciudad de Colombia en tener este mismo año debidamente registrada, identificada e integrada al Estatuto de Protección al Migrante al 100% de esta población. Queremos saber con precisión quiénes son los nuevos bogotanos, qué necesitan y eliminar cualquier barrera legal o administrativa que todavía les impide acceder plenamente a todos los servicios sociales, de empleo y oportunidades en nuestra ciudad.
Aún sin ese censo y registro, si algo ha hecho esta administración, es comprender, adaptarse y responder rápida y solidariamente al fenómeno migratorio. Es importante recordar que en Bogotá viven cerca de 380.000 migrantes venezolanos, el 20 % de los que hay en el país. Este número es superior a los que viven en Brasil (261.000), Panamá (118.000) y México (101.000). El 56 % son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular y el 75 % de migrantes tienen vocación de permanencia. Estamos ante una emergencia social de enormes proporciones, frente a la cual Bogotá ha respondido con generosidad, compromiso y responsabilidad a cargo de sus impuestos, pues no hay ningún apoyo adicional de recursos del Gobierno Nacional.
Hoy, 53.000 niños de familias migrantes o retornadas están matriculados en nuestro sistema de educación preescolar, básica, media y secundaria. Hemos atendido a través de diferentes servicios de integración social a 31.211 personas migrantes, refugiadas y retornadas, de las cuales, cerca de 11.000 son niñas y niños. En medio de la pandemia entregamos, entre junio de 2020 y junio de 2021, 6.065 kits de higiene y aseo, 10.555 kits alimentarios y 1.768 remisiones a transferencias monetarias; entre enero de 2020 y febrero de 2021, brindamos el beneficio de acogida transitoria a 3.205 personas; y en los jardines infantiles hemos atendido 5.200 niños de familias migrantes o retornadas.
El pasado 22 de julio, con el apoyo de ACNUR y varias embajadas, abrimos las puertas del nuevo Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) en Kennedy, para continuar trabajando a nivel distrital por la integración social, económica y cultural de la población migrante.
Adicionalmente, el sistema de salud de Bogotá atiende a todos los migrantes venezolanos que lo necesitan, independientemente de su estatus migratorio, ejemplo de ello, a junio de este año, más de 100.433 migrantes regulares están afiliados a nuestro sistema de salud, y en todo caso atendemos por urgencias a todo migrante que lo necesite, asumiendo enteramente el costo en nuestra red pública hospitalaria. En particular, hemos creado por urgencias un sistema de atención y cuidado a madres gestantes y bebés de familias migrantes y retornadas que llegan muchas veces en calamitoso estado de deterioro de su salud. Los invito a que nos acompañen a los servicios de urgencias, obstetricia y pediatría de hospitales públicos como Meissen, Tunal o Kennedy para que constaten el servicio dedicado que allí les prestamos.
En conclusión, para atender a los nuevos bogotanos –personas migrantes o retornadas– con los impuestos que pagamos los bogotanos, entre 2020 y 2024, estamos invirtiendo $1,5 billones de pesos: cerca de $60.000 millones para atender a las niñas y niños en primera infancia y jardines infantiles; $1,3 billones para garantizar el acceso al resto del sistema educativo; $360.000 millones para atención en salud; y $100.000 millones para atención humanitaria y de emergencia.
Ninguna otra ciudad de Colombia ha hecho un esfuerzo fiscal y solidario mayor por la población migrante venezolana. Un esfuerzo que se empeñan en desconocer y distorsionar con absurdos calificativos de xenofobia a esta administración o a los colombianos que, con razón, claman mayor seguridad. En Bogotá seguiremos comprometidos con la atención y apoyo a la población migrante que lo requiera, y también haremos todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los residentes en nuestra ciudad.
Estoy convencida de que la mejor estrategia de seguridad y convivencia en este tiempo de pandemia empieza por la reactivación económica que genere más empleo e ingresos autónomos para nuestros ciudadanos, y por el rescate social que ayude a quienes cayeron en pobreza, especialmente a jóvenes y mujeres, a salir muy pronto de esa condición y recuperar su senda de más y mejor educación, ingresos propios y autonomía económica y ciudadana. Ciudadanos con empleo y oportunidades hacen ciudades más seguras.
Pero también creo que Bogotá y Colombia están en mora de superar la ya desueta política nacional de seguridad democrática. La Colombia del posconflicto armado con las Farc y las secuelas de la pandemia necesita con urgencia una nueva política de seguridad cuidadana, y sobre todo de seguridad cuidadana, que eleve a máxima prioridad de seguridad nacional las verdaderas prioridades de tranquilidad que reclaman, con razón, los ciudadanos de a pie: que no los roben en las esquinas, que no les asalten sus pequeños negocios, que no les quiten la vida por un celular, que sus calles y espacios públicos estén bien mantenidos e iluminados, que tengan trabajo y oportunidades, y sobre todo, que haya justicia, para que no dé lo mismo cumplir las normas que aseguran nuestra convivencia, que no cumplirlas. Más seguridad y justicia ciudadana y menos impunidad.
Elevar esos reclamos ciudadanos a máxima prioridad de seguridad nacional, dedicándole los esfuerzos e inversiones que en su momento se invirtieron para combatir los carteles o las FARC, es lo que los ciudadanos esperan. Mientras ese cambio de política nacional llega, Bogotá ha decidido formular y ejecutar a nivel local esa nueva política de seguridad cuidadana y darle toda la prioridad para que todos, no importa de dónde vengan, podamos vivir sin miedo en Bogotá.
Más información sobre este tema en:
El Espectador https://www.elespectador.com/bogota/opinion-bogota-capital-ciudadana-y-solidaria-de-colombia/
El País https://elpais.com/opinion/2021-08-29/bogota-capital-ciudadana-y-solidaria-de-colombia.html