Más de $9.000 millones para reubicar familias declaradas en riesgo en San Cristóbal

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22 • Mar • 2014
Publicado por: Javier Cortés
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Con más de 9.000 millones de pesos, la Alcaldía local de San Cristóbal y la Caja de Vivienda Popular, garantizarán viviendas seguras para la población afectada por el fenómeno de la Niña, ocurrido en el año 2010 y que habitan en las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) San Blas, Sociego, 20 de Julio, La Gloria y Libertadores.

Desde el mes de Octubre de 2013, cerca de 259 familias están siendo reubicadas en proyectos de vivienda de interés social usada o nueva, de las cuales, 189 se encuentran actualmente en relocalización transitoria a quienes el distrito le está cubriendo el canon de arrendamiento de acuerdo al Decreto 255 de 2011 que corresponde hasta un salario mínimo legal vigente en una vivienda segura para los núcleos familiares.

Con respecto a este año, el Alcalde Local de San Cristóbal, Jairo León Vargas, dijo que proyecta realizar una adición a este convenio por valor de 12 mil millones, ya que de acuerdo al concepto técnico de FOPAE, existen 500 familias más en alto riesgo en esta zona de la capital.

“Tenemos aproximadamente 39 puntos de remisión en masa situados a lo largo del cerro oriental en donde se han presentado deslizamientos, y en conjunto con Bomberos y FOPAE, se trabaja para evitar una catástrofe y garantizar la seguridad de la comunidad”, comentó.

Hizo un llamado a la comunidad para que se indague sobre los posibles lugares o lotes que se ofrecen como alternativas de vivienda económica, porque esto, ha traído grandes costos en materia de riesgo. Sugirió que la mejor alternativa es preguntar previamente en la alcaldía antes de que se apruebe cualquier negocio sobre predios para vivienda.

“Nuestra obligación es prevenir y alertar sobre este temas”, finalizó.

Es de recordar que después del fenómeno de la niña, presentado en el año 2010, se dio un incremento del 206% de familias que fueron afectadas por remoción en masa en la localidad de San Cristóbal; motivo por el cual, en el 2012, cuando la Administración Distrital de la Bogotá Humana comenzó su gestión, identificó la problemática y en una acción interistitucional con el Gobierno Local, se firmó el convenio interadministrativo 103 de 2013 con el objetivo de salvaguardar las vidas de las familias que habitaban las zonas de alto riesgo no mitigable.