El proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá que permitirá fortalecer a la ciudad desde lo local, fue aprobado en último debate por el Congreso de la República. Este contempla más descentralización y autonomía de los gobiernos locales; cambio en el número y límite de las localidades; mayor presupuesto para los territorios y apoyo técnico y más capacidad institucional para las Juntas Administradoras Locales, entre otras modificaciones.
Bogotá cuenta con localidades como Suba y Kennedy que son demográficamente más grandes que ciudades intermedias como Barranquilla y Cartagena. Esta particularidad convierte a la ciudad en una metrópolis que requería más capacidad administrativa y presupuestal para poder llegar a los territorios con mayores soluciones en materia de empleo, infraestructura, movilidad, entre otras.
“Inicia una nueva era del Gobierno Local en Bogotá. Se fortalece la descentralización con la conformación de gabinetes locales, apoyo técnico a las JAL, aumento en los presupuestos locales acompañados de una serie de herramientas que permitirá seguir atendiendo el estallido social que nos ha dejado esta pandemia” indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.
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Después de 28 años y 15 intentos fallidos se actualiza el Estatuto Orgánico de Bogotá.
— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) June 17, 2021
Por una metrópolis descentralizada y con gobiernos locales capaces de atender el estallido social que nos deja esta pandemia. pic.twitter.com/TCxyp1FSvw
Los ciudadanos contarán con gobiernos locales más fortalecidos para promover el crecimiento y desarrollo de sus barrios. El proyecto de Ley aprobado también contempla la modificación de las delimitaciones geográficas locales, lo que permitiría a la ciudad contar incluso con nuevas localidades, organizadas de acuerdo con las necesidades de su población y acordes a los principios del Plan de Ordenamiento Territorial.
La iniciativa, que fue radicada en el Congreso por la bancada de Bogotá y que fue apoyada por la Alcaldía Mayor, trae modificaciones que actualizan y modernizan las normas que regulan la función pública de las administraciones locales.
