En el marco de la celebración, este 12 de febrero, del “Día Mundial de las Manos Rojas” que lucha contra el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la guerra, las organizaciones sociales y entidades vinculadas llamaron la atención sobre la situación de violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia.
Al conmemorar 19 años de la entrada en vigor del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña] relativo a la participación de niños en los conflictos armados(OPAC por sus siglas en inglés), se evidencia la continuidad de las afectaciones contra esta población por razones del conflicto armado y violencias relacionadas en medio de la pandemia.
Aproximaciones a la realidad de niñas, niños y adolescentes en Colombia
El cierre de las instituciones educativas, la intensidad de las acciones de los diferentes grupos armados que operan en el país y la grave crisis humanitaria por la que atraviesa la población en general, han sido el escenario de múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario contra niñas, niños y adolescentes.
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De acuerdo con los registros del Observatorio Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, durante 2020 se presentaron por lo menos setenta y nueve eventos con afectaciones aproximadas a 222 niñas, niños y adolescentes que resultaron víctimas o en riesgo de serlo por causa del uso y reclutamiento por parte de los actores armados.
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Estos hechos sucedieron a pesar que la Defensoría del Pueblo para el año pasado, había emitido un promedio de veintitrés alertas tempranas que daban cuenta de la persistencia del riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en zonas como: Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
Tampoco frenaron estos hechos violentos, el lanzamiento del gobierno nacional del Plan Nacional de prevención del reclutamiento, a finales de julio, y de la implementación del programa “Súmate por mí”, liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en ochenta y seis municipios priorizados para la prevención del reclutamiento.
En este último caso, se espera que sea una oportunidad para que se identifiquen y fortalezcan las líneas o acciones previstas en el Plan Nacional y en los planes locales de prevención de estas violaciones y disminuyan de manera efectiva el riesgo y la comisión del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por los diferentes actores armados.
De conformidad con los registros de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2020, por lo menos 24 niñas y niños fueron asesinados en las masacres perpetradas en el país por los grupos armados.
De otra parte, por lo menos 5 742 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas el desplazamiento forzado, confinamiento, así como la denegación al acceso humanitario en 45 eventos monitoreados, principalmente en los departamentos en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Se llama la atención de manera particular sobre las afectaciones de la naturaleza enunciada que victimizan a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y se reitera la necesidad de tomar medidas especialmente de carácter integral y muchas veces con enfoque comunitario atendiendo a las particularidades de esta población para atender los riesgos que enfrentan evitando acciones con daño.
El COVID-19 y las situaciones de confinamiento limitan la respuesta humanitaria en contextos de conflicto, aumentan los riesgos para la niñez tales como el reclutamiento, los eventos generados por minas y la violencia sexual, alrededor de las escuelas, afectando estos referentes en las comunidades como espacios seguros.
El temor por el uso de estos espacios por parte de actores no educativos, así como los daños a la infraestructura escolar, pueden evitar el retorno seguro a la escuela y postergar la interrupción del aprendizaje.
Con este complejo panorama, las organizaciones sociales señalan que es perentorio que el Estado colombiano reafirme su compromiso de promover todas las acciones que estén a su alcance para proteger a la niñez y la adolescencia en Colombia de las consecuencias de la participación de esta población en el conflicto armado.
Finalmente, piden prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo para contribuir a que cesen estas violaciones y se llegue a la no repetición de estas en el país.
