La Dirección de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad ha realizado 12 jornadas en las zonas rurales de Bogotá desde octubre.
Una señora entregó cerca de 10 millones de pesos como anticipo para comprar una vivienda, pero como no ha recibido ni un ladrillo decidió entablar una demanda por estafa.
En otro caso, una mujer buscó ayuda luego de que su compañero sentimental la atacó con un arma blanca; ella comenzó una ruta de atención para recibir protección y reestablecer sus derechos. Además, un hombre fue acusado por sus vecinos de adueñarse de un lote, ahora enfrenta un proceso penal en su contra.
Estos son algunos de los conflictos que el personal del centro de Recepción e Información (CRI) de las unidades móviles de acceso a la justicia, de la Secretaría Distrital de Seguridad, han atendido en las zonas rurales de Bogotá en los últimos dos meses.
Desde octubre se han realizado 12 jornadas para llevar servicios de justicia a zonas donde sus habitantes se dedican, principalmente, a la agricultura y la ganadería.
Más de 70 personas han acudido a las vans de la justicia que han llegado a sitios como Chorrillos 2 en la localidad de Suba; El Verjón Alto en Santa Fe; Laguna El Verjón en Chapinero; veredas Nazareth, el Destino y Betania en Sumapaz, y Pasquilla y Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar.
Hasta estos puntos se han desplazado grupos interdisciplinarios de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, comisarías de familia y Secretaría de la Mujer, entre otros, que han brindado orientación en temas como conflictos familiares, violencia intrafamiliar, sobre bienes y obligaciones.
Igualmente, se han dado orientaciones en trámites notariales y de registro predial, casos en los cuales se ha tenido el acompañamiento de la Superintendencia de Notariado y Registro. Precisamente, uno de los temas de mayor conflictividad en las zonas rurales es el los linderos entre vecinos que surgen por problemas en la legalización de los predios, indicó Mauricio Díaz, director de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad.
“Para evitar que estas diferencias entre vecinos, como el de los linderos, escalen a riñas o lesiones personales, es que desde la Secretaría de Seguridad estamos llevando servicios de justicia a estos sectores que, aunque muchas veces están apartados, son parte importante de la ciudad”, explicó Díaz.
El funcionario agregó que, de acuerdo con las necesidades de justicia en ruralidad, en algunas jornadas también se cuenta con orientadores URI de la Fiscalía para la recepción de denuncias, acompañamiento a audiencias de corregidores (Inspectores de Policía Rurales) y, además, se hace un fortalecimiento de la justicia comunitaria a través de diagnósticos locales, grupos focales e identificación de problemas.
“Se trata de una iniciativa para superar las barreras de acceso y acercar la justicia a la ciudadanía con la figura de las unidades móviles de justicia, con el propósito de que en las 20 localidades de la ciudad se resuelvan los conflictos de manera pacífica, gratis y, además, se ejerza el derecho a la justicia”, puntualizó Mauricio Díaz.
