El auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue el escenario donde la Corte Constitucional desarrolló un evento especial para conmemorar los 34 años de la Constitución Política de Colombia, durante el acto protocolario, el alcalde de Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reflexionó sobre el papel de respeto y límite que deben asumir los gobernantes en sus actuaciones y decisiones frente a la Constitución del 91.
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Conoce a continuación las palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, durante este evento a continuación:
Para mí es un honor darles la bienvenida a la Alcaldía de Bogotá para este importante espacio de reflexión sobre la Constitución de 1991 y su impacto en nuestro país. Mucho se ha dicho sobre nuestra Constitución, sobre cómo, y ya lo explicó muy bien el presidente Ibáñez, cómo el país se puso de acuerdo y se unió en torno a una idea, cambiar la Constitución del 86 después de varios intentos frustrados y eso fue posible en cierta forma porque como país teníamos un enemigo común que estaba poniendo en riesgo las instituciones en ese momento.
Todas las fuerzas políticas y sociales del país sin excepción alguna tal vez se sentían impotentes y bajo la amenaza ante el creciente poder del narcotráfico y la amenaza que éste representaba para la institucionalidad. Ese sentimiento de impotencia y amenaza nos llevó a uno de los mayores triunfos de nuestra democracia, el proceso constituyente y la Constitución de 1991.
Pero yo quisiera reflexionar hoy sobre un punto particular y es el rol que tenemos nosotros los gobernantes de respetar la Constitución en todas nuestras actuaciones y en todas nuestras decisiones.
El filósofo noruego John Esther acude a la imagen de Ulises atándose a sí mismo al mástil de su barco para no sucumbir a los cantos de sirena, para describir el papel que juegan precisamente las constituciones en los sistemas democráticos. Tal vez la palabra más importante para quienes ocupamos cargos de poder sea la palabra límites y al final eso es también la Constitución. Uno de los elementos que representa la Constitución es el límite de límites.
Como Ulises, a los gobernantes nos corresponde dirigir el barco, sí, pero hacerlo evitando caer en cualquier tentación que nos lleve a sobrepasar los límites del mandato para el cual fuimos elegidos. Incluso cuando canten las sirenas alrededor o cuando creemos que lo hacen, la Constitución de 1991 es el nudo que amarran nuestras manos y lo hace para proteger la democracia y garantizar que Colombia va a ser un estado social de derecho como se establece en la propia Carta Magna. Quienes recibimos un mandato popular, es decir, quienes somos elegidos por el pueblo, tenemos que tener claro que ese mandato es limitado y lo es en el tiempo pero también en las funciones.
Los gobernantes somos elegidos por el pueblo, por un tiempo determinado y para un trabajo determinado. Al tiempo que trabajamos para cumplir promesas de campaña nuestra responsabilidad es no extralimitarnos, respetar las reglas de juego y no caer bajo ninguna circunstancia en cantos de sirenas. Ese mandato popular además no equivale tampoco a una autorización para saltarse las instituciones, las reglas y las formas.
Que el pueblo vote por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse, eliminando incluso su discusión o modificación en el Consejo o en el Congreso, como corresponde según la propia Constitución. La institucionalidad implica una serie de reglas para materializar esas propuestas y nosotros como gobernantes debemos respetar esas reglas. Y otra cosa igualmente importante que tenemos que tener en cuenta es que quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo.
Un millón de votos, 10 millones de votos, no importa, recibimos un mandato popular pero no somos el pueblo. Esa es una distinción fundamental y cada vez más relevante porque el pueblo es quien elige al presidente pero es quien elige también al Congreso, es quien elige al alcalde pero también al Consejo. El pueblo que no es un conjunto de personas homogéneas como muchas veces pretenden hacernos creer, también fue el que se puso de acuerdo precisamente en 1990, eligió la Asamblea Nacional Constituyente y logró finalmente que se promulgara la Constitución de 1991.
Desde entonces muchos son los avances que hemos logrado como país y todos, todos han sido gracias a la Constitución Política de 1991. ¿Que necesita cambios? claro, seguramente los necesita. Las sociedades evolucionan y con ellas deben hacerse también cambios a sus reglas pero yo quiero ser claro una vez más en que no es momento de oír a las sirenas.
Hoy más que nunca tenemos que atarnos al mástil del barco y seguir navegando con la confianza de que nuestra Constitución funciona. Parece obvio pero en tiempos en los que nos quieren hacer creer que los cantos de sirenas son llamados populares como los que existieron en los años 90, es necesario recordar que cualquier cambio a nuestra Constitución debe hacerse observando los límites y respetando las reglas. Tal vez hemos fallado en explicar al ciudadano de a pie un concepto que repetimos con frecuencia y que puede no resultar muy cercano para la gente y es el de las instituciones.
No pasa un día en Colombia sin que alguien haga un llamado a respetar las instituciones pero quizás no hemos sido lo suficientemente claros en explicar qué son esas instituciones y por qué son importantes para la gente, para ese ciudadano de a pie. Así como el pueblo no es un conjunto de personas que piensan y se comportan de la misma manera, las instituciones no son entidades lejanas, no representan élites ni están en contra del pueblo, por el contrario las instituciones son las que garantizan el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático y nuestro estado social de derecho. Las instituciones son las reglas y son los límites y como la Constitución del 91 son un triunfo fundamental de nuestro país.
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Las instituciones son un poder ejecutivo que propone reformas que considera que necesita el país pero también son un congreso que las discute, las enriquece o incluso las niega. Son igualmente los más de 6.000 jueces constitucionales que defienden día a día la democracia y garantizan los derechos de la ciudadanía, derechos tan fundamentales como la vida misma o la posibilidad de que la comunidad por ejemplo LGBTI salga a manifestarse libremente por las calles de Bogotá y pueda hacerlo sin violencia ni discriminación. Esas mismas instituciones son las que garantizan la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes gobernamos es escuchar con respeto a quienes los critican, a la oposición, a la ciudadanía y también a los medios de comunicación cuyo rol es vigilar el poder.
No podemos permitir que tener una opinión distinta o informar los hechos lleve ataques ni ponga en riesgo la independencia de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Y claro que las instituciones a veces fallan, al final es lo normal pues son creaciones humanas pero esos fallos deben corregir, se deben corregir respetando las reglas, no sobrepasando los límites o cambiando el juego y ahí nuevamente somos los gobernantes quienes tenemos que liderar con el ejemplo porque quienes gobernamos representamos al pueblo pero quienes nos hacen oposición también lo representan y nuestra tarea es precisamente garantizar que puedan hacerlo.
En 1990 todas las fuerzas llegaron en cierta medida desesperanzadas al proceso constituyente golpeadas pero llegaron también con la idea de alcanzar acuerdos, de recoger las piezas de un país desarmado por el narcotráfico y la violencia y construir uno fundamentado en el derecho a la vida.
Si bien en estos 34 años el país ha dado pasos importantes y avanzado hacia un estado social de derecho no podemos ignorar los constantes ataques a los que se han visto sometidas nuestras instituciones en tiempos recientes. Los avances que hemos tenido como país hoy están en riesgo y es tarea de todos, nuestra como gobernantes, suya como jueces y de la ciudadanía en general defender nuestras instituciones y nuestro sistema democrático. Debemos seguir avanzando para materializar la promesa del estado social de derecho pero siempre en el marco de las reglas y las instituciones vigentes y respetándolas.
Hoy igual que en 1990 tenemos que unirnos en torno a un acuerdo común, esta vez no para cambiar nuestra constitución por una nueva sino para defender los avances que tanto esfuerzo nos han costado como país y seguir con todas nuestras fuerzas luchando contra la violencia que tantas vidas nos ha robado en Colombia.
El doloroso atentado contra el senador Miguel Uribe hace unas semanas nos devolvió en el tiempo, nos regresó a una época y a unos episodios que creíamos superados y a los que simplemente no podemos aceptar volver como sociedad. Pero en medio de estas dificultades, hoy además de reflexionar sobre la Constitución del 91 quiero enviar un mensaje de esperanza, hoy la realidad es muy distinta a la de principios de los 90, ciertamente el país exige cambios, ciertamente la violencia sigue presente en nuestras vidas y hemos fracasado una y otra vez en lograr una paz completa pero Colombia hoy no está derrotada.
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Hoy nuestra constitución y nuestra democracia funcionan, y hoy Colombia vive y vive en gran medida porque la Constitución del 91 vive, porque la corte constitucional como su guardiana ha cumplido su rol y porque los jueces se han encargado de defenderla y nuestra tarea como gobernantes no puede ser otra que la de respetar los límites,observar las reglas y fortalecer las instituciones, nuestras manos hoy más que nunca deben estar atadas como las de Ulises, no es momento dejarnos llevar por cantos de sirenas ni por mensajes pesimistas, sin duda tenemos mucho por mejorar porque la vida de la gente en todo el país sea mejor y para que cada letra de la Constitución del 91 se haga realidad, pero mi mensaje hoy es que a pesar de las dificultades y de las heridas de la violencia incesante nuestras instituciones funcionan, nuestro país avanza y la constitución vive en Bogotá y vive en toda Colombia.
Conoce más detalles sobre la ceremonia de conmemoración de los 34 años de la Constitución Política de Colombia, a través de la siguiente transmisión en Youtube de la Alcaldía Mayor de Bogotá:
