En un avance significativo en la lucha contra el maltrato animal en la capital, y gracias a la actuación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con la Policía Nacional, alcaldías locales y otras autoridades, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los presuntos responsables de dos graves hechos de violencia contra animales, ocurridos en las localidades de Usaquén y Bosa. Los casos de Samantha y Mila, que generaron indignación ciudadana y amplia difusión en redes sociales, hoy avanzan formalmente en la justicia penal.
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Caso Samantha – Usaquén
En el primer caso, fue imputado el presunto agresor de Samantha por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal, contemplado en el artículo 339C del Código Penal, con agravante del artículo 339B literal D. Este delito contempla una pena de prisión que oscila entre 30 y 73,5 meses.
Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2025 en la localidad de Usaquén, donde Samantha, una canina de 14 años, fue agredida físicamente mediante patadas, sufriendo un grave menoscabo en su salud.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en el marco de un operativo interinstitucional, realizó la valoración médico-veterinaria y emitió concepto técnico desfavorable, tras lo cual la autoridad policiva procedió con la aprehensión material preventiva del animal, que quedó bajo custodia del Instituto, donde actualmente recibe atención integral y continúa su proceso de recuperación.
Caso Mila – Bosa
En un segundo hecho, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la agresora de Mila, canina de 8 meses, que fue arrojada desde el balcón de un segundo piso en un conjunto residencial, el pasado 26 de noviembre de 2025 en la localidad de Bosa. En videos difundidos públicamente se observaba cómo la mujer lanza a la perrita al vacío causándole la muerte instantáneamente.
La imputación corresponde al delito de muerte al animal, contemplado en el artículo 339A del Código Penal, con circunstancias de agravación punitiva descritas en el artículo 339B, literal B. La procesada tampoco aceptó los cargos y se expone a una pena de 48 meses a 98 meses de prisión.
En ambos casos, el IDPYBA recopiló y documentó el material probatorio, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso penal.
La Oficina Jurídica del Instituto se constituirá como representante de las víctima, esto es de Samantha y Mila dentro del proceso judicial, liderando la actuación jurídica y trabajando articuladamente con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la defensa de sus intereses y avanzar en la judicialización de los presuntos agresores.
“En Bogotá no vamos a permitir que estas conductas queden sin consecuencias. Celebramos que estos casos avancen ante la justicia y reiteramos que desde el Instituto llevaremos cada proceso hasta las últimas instancias para garantizar que no haya impunidad”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.
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El Instituto reitera el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato animal a través de la Línea Única de Emergencias 123. La denuncia oportuna permite proteger la vida de los animales y garantizar que estos hechos tengan las consecuencias legales correspondientes.
Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá (SDA) https://www.ambientebogota.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá. Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.
