La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Enel Colombia y Vanti suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer el trabajo conjunto frente al uso informal e irregular de los servicios públicos en asentamientos humanos de origen informal de la ciudad.
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El acuerdo se desarrolla en el marco de la alianza 'Unidos por la Legalidad', una iniciativa liderada por las empresas prestadoras de servicios públicos que busca promover el uso responsable del agua, la energía y el gas.
Para ello, se analizan las condiciones de prestación de los servicios en asentamientos legalizados, en proceso de legalización y en zonas ubicadas en áreas de riesgo no mitigable o sobre la estructura ecológica principal, con el fin de contar con una visión integral que permita actuar de manera oportuna, proteger a las comunidades y al entorno ambiental, prevenir el fraude de fluidos y salvaguardar la infraestructura de los servicios públicos.
A través de este memorando, las entidades acordaron mecanismos de coordinación para analizar la informalidad en los servicios públicos y desarrollar acciones conjuntas entre el Distrito y las empresas prestadoras. Estas acciones permitirán mejorar el acceso a los servicios donde sea viable, reducir los riesgos y mitigar las pérdidas asociadas a las conexiones ilegales, fortaleciendo la sostenibilidad de los sistemas.
Como parte del acuerdo, se desarrollará un diagnóstico integral que permita identificar tipologías de uso irregular, condiciones sociales y territoriales, así como las limitaciones técnicas y jurídicas para la prestación de los servicios. Con base en este análisis, se priorizarán asentamientos donde sea posible explorar alternativas de acceso, teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales, ambientales y de ordenamiento territorial.
El memorando también contempla la evaluación de soluciones alternativas para garantizar el acceso a servicios públicos básicos en zonas urbanas de difícil gestión y áreas rurales, sin que ello implique procesos de legalización de asentamientos informales.
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Con esta alianza, Bogotá y las empresas de servicios públicos reafirman su compromiso con la seguridad de las comunidades, el uso responsable de los recursos y una gestión coordinada de los servicios públicos en la ciudad.
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