Desde el pasado 19 de mayo, la comunidad Emberá permanece asentada en el Parque Nacional con aproximadamente 350 niñas, niños y adolescentes, de los cuales un promedio de 132 han venido asistiendo regularmente, desde el 22 de mayo, a los servicios del Centro Amar y Centro Abrazar de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).
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Este martes 1 de julio, líderes de la comunidad impidieron nuevamente que niñas, niños y adolescentes abordaran las rutas dispuestas por el Distrito. Argumentaron que no autorizaron el traslado mientras la Unidad para las Víctimas, entidad del Gobierno Nacional, no cumpla con la entrega de mercados ofrecidos.
Como resultado, solo 13 niñas, niños y adolescentes pudieron acceder a los servicios: 7 niños y niñas de primera infancia al Centro Abrazar y 6 de infancia al Centro Amar, que asistieron por autorización de sus familias.
El artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establecen de manera explícita que el interés superior del niño y la niña debe prevalecer en todas las actuaciones, y ninguna situación puede justificar la utilización de sus derechos como mecanismo de presión o negociación.
Para la Administración distrital, la garantía de los derechos de niñas y niños, al ser de interés prioritario, no deben estar sujetos a ninguna exigencia transaccional pues afecta directamente a esta población al impedir su acceso a servicios esenciales como educación, alimentación, protección y un entorno seguro.
La participación en estos servicios mitiga el uso de niños y niñas en mendicidad, previene el acompañamiento laboral, el trabajo infantil y otras formas de vulneración. Impedir su acceso vulnera sus derechos fundamentales y contraviene el principio de interés superior de la niñez, establecido en la Constitución y en el Código de Infancia y Adolescencia.
La Administración Distrital hace un llamado urgente a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y reitera su disposición de continuar brindando transporte, alimentación y la atención especializada en cada uno de los servicios para salvaguardar sus derechos.
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