Secretaría de Movilidad denunció a consorcio por documentación falsa

Centro de servicios de movilidad. Se requirió al contratista involucrado para que ejerza el derecho de defensa. Foto: Prensa Sector Movilidad.
Publicado:
28
Jul
2021
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Ante la solicitud de revocar la adjudicación de la licitación pública No. SDM-LP-033-2021, presentada por la veeduría ciudadana ‘Fuera Corrupción’, la Secretaría de Movilidad informó que realizó el proceso de verificación del RUP de la firma Biotecnologia Colombia SAS, miembro del Consorcio Distrito Capital, con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y de la respectiva contratación de ésta con la alcaldía de La Macarena (Meta), donde se refirió una experiencia en procesos de señalización, encontrando serias inconsistencias que ameritaron una denuncia ante la Fiscalía.

La licitación pública consistió en “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”; el cual, por las características de la operación, debía ser adjudicado en 7 lotes o zonas distribuidas a lo largo de la ciudad. El Consorcio Distrito Capital, conformado por Biotecnologia Colombia SAS Y Constructora S&C SAS, sería el operador de uno de ellos, quedando como adjudicatario.

La petición de revocación, radicada por el señor Carlos González Gómez y otros el 7 de julio de 2021 a las 4:53 p.m., quien se identifica como representante de la ‘Veeduría Fuera Corrupción’, pidió tener en cuenta que la experiencia acreditada ante la entidad y registrada en el RUP por BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS, presenta inconsistencias. Recibida la respuesta por parte de las entidades referidas por la firma, la SDM procedió a presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.

De igual manera, se requirió al contratista involucrado para que ejerza el derecho de defensa y entregue las explicaciones del caso. La entidad está evaluando las acciones contractuales respectivas que garanticen el interés general, el respeto de los principios de la contratación estatal y la satisfacción de las necesidades de la ciudad.